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Gobierno inteligente: cómo la ciencia de datos redefine la gestión pública 

En esta columna, Fabiola Montero analiza cómo el uso inteligente de los datos puede redefinir la relación entre el Estado y la ciudadanía, y por qué su verdadero impacto dependerá de decisiones responsables y marcos sólidos que garanticen equidad y confianza.




Por Fabiola Montero, Profesora de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación Universidad de Panamá


La ciencia de datos y la inteligencia artificial están transformando profundamente la forma en que los gobiernos gestionan sus servicios y toman decisiones. Durante años, el sector privado lideró el uso de tecnologías analíticas, pero hoy el sector público enfrenta una oportunidad clave: usar los datos no solo para ser más eficiente, sino para ser más transparente y tomar decisiones mejor fundamentadas. No se trata únicamente de automatizar procesos, sino de transformar la relación entre el Estado y la ciudadanía en la era de los datos.


Los gobiernos generan y custodian algunos de los conjuntos de información más valiosos y sensibles: información de salud, registros tributarios, estadísticas educativas, información de seguridad, catastros, datos ambientales y de seguridad. Sin embargo, estos datos suelen estar dispersos en distintas instituciones, almacenados en formatos diferentes y con acceso limitado. La ciencia de datos aplicada al sector público busca romper estas barreras, integrar estas fuentes y convertirlas en información útil para enfrentar desafíos complejos como la desigualdad, el cambio climático, la movilidad urbana, entre otros. 


Numerosas iniciativas ya demuestran su impacto concreto. En salud pública, modelos analíticos apoyaron durante la pandemia de COVID-19 la planificación de recursos hospitalarios y campañas de vacunación, aunque también evidenciaron limitaciones importantes relacionadas con la calidad de los datos. En Singapur, el uso de sensores y datos de movilidad permiten optimizar los semáforos y gestionar el tráfico mediante su Sistema de Peaje Electrónico de Carreteras (ERP), el cual ajusta dinámicamente los cobros según las condiciones de circulación. En Brasil, el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais opera los sistemas DETER (Detección de Deforestación en Tiempo Real) y PRODES (Proyecto de Monitoreo de la Deforestación), que utilizan imágenes satelitales para vigilar la deforestación en la Amazonía y emitir alertas casi en tiempo real.


Sin embargo, esta transformación también enfrenta obstáculos importantes. El uso de datos sensibles exige reglas de protección, una gobernanza sólida y técnicas como la privacidad diferencial—un método estadístico que protege la identidad de las personas—. Aunque está técnica fue aplicada en el Censo de Estados Unidos de 2020, todavía no están ampliamente adoptada en la mayoría de las administraciones públicas.


Además, los algoritmos que influyen en decisiones que afectan derechos fundamentales, como la asignación de beneficios sociales o la evaluación de riesgos penitenciarios, deben ser transparentes y auditables. Casos como el sistema COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), algoritmo utilizado en tribunales de Estados Unidos para evaluar el riesgo de reincidencia de los acusados, evidenció que, cuando estos modelos no se diseñan ni supervisan adecuadamente, pueden reproducir sesgos y generar decisiones injustas.


Esto subraya que la mera existencia de herramientas analíticas no garantiza equidad: requiere auditorías rigurosas, conjuntos de datos representativos y mecanismos correctivos efectivos. A ello se suma la escasez frecuente de talento técnico especializado, infraestructura moderna y una cultura organizacional orientada a la evidencia en muchas administraciones públicas. 


A estos retos se suma la falta de personal especializado, infraestructura tecnológica moderna y una cultura organizacional orientada al uso sistemático de evidencia en muchas administraciones públicas. La tecnología por sí sola no garantiza mejores decisiones; necesita instituciones preparadas para utilizarla de manera responsable.


Experiencias pioneras ofrecen valiosas lecciones. Estonia es reconocida por su ecosistema de gobierno digital. Aunque a menudo se menciona el uso de blockchain, en realidad su sistema se basa en identidad digital con certificados criptográficos y en la tecnología KSI (Keyless Signature Infrastructure) para garantizar la integridad de los registros gubernamentales. En Nueva York, la Oficina de Análisis de Datos desarrolló un modelo que permitió identificar edificios con alto riesgo de incendio con mayor precisión que los métodos tradicionales. En el Reino Unido, la transformación de la plataforma GOV.UK mejoró la experiencia ciudadana y redujo costos mediante un enfoque centrado en el usuario.


El futuro apunta a desarrollos emergentes como los gemelos digitales urbanos —modelos virtuales que permiten simular distintos escenarios en las ciudades— y que abren nuevas posibilidades para la planificación pública. Singapur avanza en su proyecto Virtual Singapore, un modelo tridimensional dinámico que busca anticipar impactos en la movilidad, la infraestructura y el desarrollo urbano [5]. Sin embargo, muchas de estas iniciativas aún están en evolución y requieren marcos técnicos y éticos sólidos para garantizar su uso responsable.


Por estas razones, la ciencia de datos aplicada al ámbito gubernamental constituye una vía prometedora para fortalecer el vínculo entre Estado y sociedad en la era digital. Su despliegue responsable, anclado en principios éticos inquebrantables, transparencia operativa y una participación ciudadana auténtica, puede impulsar la evolución de estructuras administrativas rígidas hacia ecosistemas ágiles orientados al interés colectivo. El gobierno que prevalecerá en el porvenir no será aquel que atesore mayores volúmenes de información, sino el capaz de convertir dicha información en prosperidad compartida, con la clara comprensión de que los datos, por sí solos, no generan justicia ni equidad distributiva. Para ello, resultan indispensables marcos normativos sólidos, mecanismos efectivos de rendición de cuentas y una vigilancia democrática constante. En esta senda, la ciencia de datos emerge como un instrumento de enorme potencial, cuyo significado trascendente dependerá, en última instancia, de las decisiones colectivas que orienten su uso hacia propósitos humanistas y el fortalecimiento de la democracia. 

 



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