A partir del 14 de enero de 2020, el servicio público de Guatemala iniciará la transición hacia el uso del control biométrico, indicó el presidente electo del país, Alejandro Giammattei.
El objetivo persigue la transparencia en la contratación de personas para acabar con las plazas fantasmas o que una persona esté empleada en más de una entidad del Estado.
Por ejemplo, el funcionario aseguró que, de acuerdo con el último censo, en la Secretaría Social de la Esposa del Presidente (SOSEP), más del 50% de empleados registrados no apareció; de igual forma, 37 000 plazas estaban asignadas a personas inexistentes.
“Eso nos va a dar certeza que todas las personas que están trabajando en el Estado tengan su control biométrico, no pueden tener tres DPI y van a estar con tres contratos distintos o puedan aparecer en nóminas diferentes”, señaló Giammattei.
El uso de biometría a escala global arrojó a finales del año pasado un crecimiento de 2US$.6 mil millones y la catalogó como una de las tecnologías más invaluables en el mercado, junto con el reconocimiento de firma, según la consultora Statista.
Biometría, una solución conocida
En Guatemala, el uso de la biometría ha permitido la identificación de personas con discapacidad intelectual por parte del Registro Nacional de las Personas (RENAP).
Por otro lado, la banca privada emplea el reconocimiento facial para el uso de aplicaciones móviles, basado en el criterio de que el rostro es único y el patrón biométrico que no puede ser alterado.
La biometría también ha sido considerada por parte del sector público guatemalteco para la identificación de extranjeros de todas las nacionalidades en el país para combatir la migración irregular.
Para José Rivers, gerente de operaciones en Aly AI, el uso de la biometría permite “reducir los errores en marcaje y asistencias. En el sector público, puede ayudar a reducir las plazas fantasmas y pagos errados”.
Según el mandatario electo, todos los empleados públicos serán sometidos a un registro de identificación de retina, facial y dactilar. Dicho proceso apunta la ambiciosa meta de eliminar las plazas fantasmas al 100% en el primer año de gobierno. El personal que labora en la Presidencia será el primero en someterse al registro.
Aunque no ha dado mayores detalles sobre el método que empleará, para el término de este año y a escala global, el reconocimiento de firma se posiciona como la más utilizada, según Statista.
“Dado que la biometría es algo más común en nuestras vidas, los controles biométricos aportan a una entidad seguridad a bajo costo y al mismo tiempo son soluciones escalables, sumado que al administrador le aporta auditoría detallada de acceso a los lugares, los convierte en soluciones ideales para cualquier entidad”, consideró José Zelayandía, un ingeniero que provee soluciones de biometría, al respecto.
En tanto, el reconocimiento de voz, de venas y la geometría de manos le siguen, en menos grado está el uso de huellas, iris y facial, según la consultora.