El presidente del país, Luis Abinader, aprovechó su rendición de cuentas públicas para hablar del potencial de las posibles reservas.
En su más reciente rendición de cuentas, ofrecida el pasado 27 de febrero, el presidente Luis Abinader colocó nuevamente en el centro de su discurso la explotación de las denominadas tierras raras ubicadas en Cabo Rojo, Pedernales. Este anuncio cobra fuerza tras la creación, a finales de 2024, de una empresa minera pública que busca regular y encabezar la explotación de estos valiosos minerales, considerados esenciales para la alta tecnología y la transición energética a nivel mundial.
Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos (lantánidos y escandio e itrio) indispensables para la fabricación de dispositivos tecnológicos, desde teléfonos inteligentes y vehículos eléctricos, hasta turbinas eólicas y sistemas de defensa. Aunque su nombre sugiere escasez, el término “raras” se vincula más con la dificultad de su extracción y separación que con su abundancia. Se trata de minerales estratégicos cuyo control es hoy parte de un fuerte juego geopolítico, liderado sobre todo por potencias como Estados Unidos y China.
La relevancia de Cabo Rojo radica en que, según estudios preliminares, cuenta con concentraciones notables de estos elementos, lo que convierte a la República Dominicana en un potencial actor importante en el mercado internacional. De confirmarse la magnitud de los yacimientos, podría posicionarse como uno de los principales proveedores caribeños de tierras raras.
En 2024, el Gobierno dominicano oficializó la creación de la Empresa Minera Dominicana (EMIDOM), cuyo rol será supervisar la exploración y explotación de minerales estratégicos. La iniciativa se enmarca dentro de la agenda gubernamental que busca, según la propia Presidencia, “asegurar la soberanía de los recursos minerales de la nación y maximizar su aporte al desarrollo económico y social”. Así lo expresó Abinader durante su discurso de rendición de cuentas: “Esta empresa estatal nace para salvaguardar los intereses dominicanos. Buscamos transparencia, sostenibilidad y el mayor beneficio para nuestro pueblo”.
La explotación de tierras raras en la República Dominicana no ha estado exenta de debate. Mientras algunos expertos destacan la oportunidad de ingresar divisas sustanciales —algunos cálculos preliminares hablan de montos que podrían superar los cientos de millones de dólares anuales—, otros señalan los riesgos medioambientales y el peligro de someter al país a las volatilidades de un mercado global altamente competitivo.
Por otra parte, la mayor parte del interés internacional parece provenir de Estados Unidos, país que, de acuerdo con especialistas del sector, estaría dispuesto a pagar un precio más alto, pues necesita diversificar sus fuentes de suministro y reducir su dependencia de China. Ello otorga a la República Dominicana una posición estratégica privilegiada, pero también plantea preguntas sobre la soberanía de los recursos y la posible influencia de potencias extranjeras en la política interna.
Durante el discurso de rendición de cuentas de ayer, el presidente Abinader subrayó que la EMIDOM operará bajo estrictos estándares de transparencia, asegurando que cualquier contrato futuro estará sujeto a la supervisión del Congreso Nacional y entidades independientes. Según el mandatario, existe la intención de crear un marco legal moderno que garantice prácticas mineras responsables, con vistas a evitar la contaminación de suelos y aguas en la región suroeste.
Sin embargo, legisladores y organizaciones civiles han pedido mayor claridad en torno a los beneficios que la población de Pedernales y las zonas aledañas recibirán. Denuncian que, históricamente, las comunidades cercanas a proyectos mineros no han visto traducir la riqueza natural en mejoras sustanciales de su calidad de vida. De ahí que exijan inversiones concretas en infraestructuras, escuelas, hospitales y proyectos de desarrollo local.
El núcleo de la controversia gira en torno a si la explotación de las tierras raras —y su eventual exportación a Estados Unidos— redundará en beneficios tangibles para el Estado dominicano y, por extensión, para su ciudadanía. Los defensores de esta política insisten en el potencial recaudatorio y en la posibilidad de impulsar el desarrollo del suroeste de la isla, históricamente rezagado. Por otro lado, los críticos temen que el interés geopolítico de países poderosos termine primando sobre los intereses y el bienestar del pueblo dominicano.
Asimismo, ambientalistas y sectores académicos plantean que se debe acompañar cualquier plan minero con amplias evaluaciones de impacto socioambiental, para evitar daños irreversibles al ecosistema de Pedernales, una zona conocida por su biodiversidad y por un turismo ecológico incipiente que, según dicen, podría verse amenazado.
Con su más reciente rendición de cuentas, Abinader ha ratificado que la explotación de las tierras raras en Cabo Rojo es un proyecto prioritario. Observadores coinciden en que la participación activa de la ciudadanía, la supervisión legislativa y el acompañamiento de organismos de transparencia serán decisivos para garantizar que los beneficios proyectados se hagan realidad y no se queden solo en el papel.
A corto plazo, se espera el avance con estudios geológicos más profundos, en coordinación con universidades y expertos internacionales, y que se definan los modelos de asociación con empresas extranjeras, potencialmente estadounidenses, interesadas en la extracción. Mientras tanto, el debate sobre el rumbo minero de la nación está servido: ¿será la explotación de tierras raras el motor de un desarrollo equitativo y sustentable, o se convertirá en una nueva fuente de disputas geopolíticas con escaso rédito para el país?
La sociedad dominicana permanecerá atenta al devenir de este proyecto, en la medida en que se revelen más detalles sobre los acuerdos internacionales y las garantías estatales para proteger el patrimonio ambiental y económico de la nación. El discurso de Abinader, al menos, deja claro que su Gobierno aspira a que la minería estratégica se convierta en palanca de crecimiento, con la promesa de rendir cuentas de cada paso que se dé en este sensible —y potencialmente transformador— sector.
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