Google enfrenta un nuevo intento de fragmentación en tribunales de EE. UU.

La jueza Leonie Brinkema deberá decidir si la empresa debe vender AdX y modificar el funcionamiento de Doubleclick for Publishers, tras fallos previos que la señalan como monopolio en mercados de publicidad digital.

El gobierno de Estados Unidos abrió un nuevo frente legal contra Google, en un intento por fragmentar sus operaciones en el mercado de la publicidad digital. Este es el segundo esfuerzo de las autoridades para convencer a un tribunal federal de que una separación estructural es necesaria para restaurar la competencia tecnológica.

Durante dos semanas, abogados del Departamento de Justicia y de la compañía se enfrentarán en un tribunal en Virginia. El caso se centra en AdX, la plataforma de intercambio de anuncios de Google, y en su integración con Doubleclick for Publishers (DFP), un servidor que gestiona el inventario publicitario de los sitios web. La jueza Leonie Brinkema ya determinó que la empresa incurrió en prácticas monopólicas al vincular ambas soluciones, lo que refuerza la posibilidad de que ordene su separación.

El Departamento de Justicia busca que Google venda AdX y que además abra el código de la lógica de subastas de DFP. Si estas medidas no son suficientes, se reservaría la facultad de exigir también la venta de ese producto. El argumento oficial es que la compañía ha creado una arquitectura tecnológica cerrada que limita la competencia en el ecosistema de anuncios digitales.

Google, por su parte, asegura que los problemas identificados pueden resolverse con ajustes de comportamiento. La compañía plantea abrir AdX a servidores publicitarios de terceros para el acceso en tiempo real, eliminar restricciones de precios para los editores, permitir la exportación gratuita de datos y dejar de aplicar mecanismos de ventaja como First Look y Last Look.

Más allá de las propuestas, el trasfondo tecnológico es claro: se discute el futuro de la infraestructura que sostiene gran parte de la publicidad en línea, un sector que depende de la interoperabilidad, la neutralidad de las subastas digitales y la transparencia en el manejo de datos. La decisión que tome la jueza Brinkema marcará un precedente sobre hasta dónde puede llegar la justicia estadounidense para modificar el andamiaje tecnológico de una de las compañías más influyentes de Silicon Valley.

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