Por qué la ciberseguridad debe ocupar un lugar central en la agenda de los gobiernos
- Redacción IT NOW
- hace 1 día
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La digitalización de los servicios públicos ha transformado la relación entre los ciudadanos y el Estado, pero también ha ampliado la superficie de ataque para el cibercrimen. En un contexto de amenazas cada vez más sofisticadas, proteger la infraestructura digital gubernamental dejó de ser una cuestión técnica para convertirse en un requisito indispensable para garantizar la continuidad de los servicios, la confianza pública y la seguridad nacional.
Durante décadas, la ciberseguridad fue considerada una responsabilidad casi exclusiva de las áreas de tecnología. Hoy esa visión quedó obsoleta. En la medida en que los gobiernos trasladan cada vez más servicios al entorno digital, administran enormes volúmenes de información ciudadana y automatizan procesos críticos, los riesgos asociados a un ciberataque trascienden ampliamente el ámbito informático.
Un ataque exitoso contra una institución pública puede paralizar hospitales, afectar la recaudación tributaria, interrumpir sistemas de transporte, comprometer procesos electorales o exponer información sensible de millones de personas. En otras palabras, la ciberseguridad pasó a ser un componente esencial de la gobernanza.
El desafío no es menor. Según el informe IBM X-Force Threat Intelligence Index 2025, casi la mitad de los ciberataques analizados durante 2024 terminaron con el robo de datos o credenciales, mientras que el abuso de identidades digitales se consolidó como una de las principales puertas de entrada para los atacantes. Además, los correos electrónicos utilizados para distribuir programas destinados al robo de credenciales crecieron un 84 % respecto del año anterior.
Estos números muestran una tendencia clara: los ciberdelincuentes ya no dependen únicamente de sofisticados ataques técnicos. Cada vez explotan más las identidades digitales, las configuraciones incorrectas, las credenciales filtradas y las vulnerabilidades conocidas que permanecen sin corregir.
Un Estado cada vez más digital… y más expuesto
Los gobiernos de todo el mundo aceleraron sus procesos de transformación digital durante los últimos años. Trámites en línea, expedientes electrónicos, identidad digital, plataformas tributarias, sistemas de salud conectados e iniciativas de ciudades inteligentes forman parte de una agenda que busca mejorar la eficiencia del Estado y ofrecer mejores servicios al ciudadano.
Sin embargo, esa misma transformación incrementa la superficie de exposición. Cada nuevo portal, aplicación móvil, API o plataforma interoperable representa un potencial punto de ingreso para un atacante si no cuenta con los controles adecuados.
La evolución reciente de las amenazas demuestra que los delincuentes también están innovando. El IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026 señala que los ataques iniciados mediante la explotación de aplicaciones expuestas a Internet crecieron un 44 % en un año y que la explotación de vulnerabilidades ya representa el principal vector de ataque observado por sus equipos de respuesta a incidentes.
Esta realidad obliga a abandonar una visión reactiva de la seguridad. Esperar a que ocurra un incidente para actuar resulta cada vez más costoso y peligroso.
Cuando un ataque afecta a todo un país
La diferencia entre un ataque contra una empresa y uno dirigido al sector público radica en su impacto social.
Mientras una organización privada puede sufrir pérdidas económicas, una institución gubernamental comprometida puede dejar sin atención médica a miles de personas, impedir el pago de jubilaciones, interrumpir servicios de emergencia o bloquear sistemas de justicia.
En muchos países, además, buena parte de la infraestructura crítica depende directa o indirectamente de sistemas digitales administrados por organismos públicos o empresas estatales. Por esa razón, organismos internacionales consideran que la resiliencia digital forma parte de la seguridad nacional.
El problema se vuelve todavía más complejo cuando intervienen grupos criminales organizados o actores patrocinados por Estados, cuyo objetivo no siempre es económico. En numerosos casos buscan obtener información estratégica, generar inestabilidad política o afectar la confianza de la población en las instituciones.
La confianza también se protege
La transformación digital del Estado depende de un elemento que suele pasar desapercibido: la confianza ciudadana. Los ciudadanos aceptan compartir información personal, realizar trámites digitales o utilizar identidades electrónicas únicamente si perciben que sus datos estarán protegidos.
La OCDE, en su Digital Government Outlook 2026, advierte precisamente sobre este desafío. Apenas el 52 % de las personas en los países analizados afirma confiar en que su gobierno utilizará sus datos personales únicamente para fines legítimos. El organismo concluye que el éxito del gobierno digital depende tanto de la tecnología como de la existencia de mecanismos sólidos de gobernanza, protección de datos y ciberseguridad.
En consecuencia, invertir en seguridad no solo reduce riesgos técnicos. También fortalece la legitimidad de las políticas de transformación digital.
La inteligencia artificial cambia las reglas del juego
La inteligencia artificial está modificando profundamente el panorama de las amenazas.
Así como las administraciones públicas comienzan a utilizar IA para automatizar trámites, analizar información o mejorar la atención ciudadana, los ciberdelincuentes también aprovechan estas tecnologías para acelerar sus operaciones.
Las herramientas basadas en IA permiten automatizar campañas de phishing, analizar vulnerabilidades con mayor rapidez, generar código malicioso o producir contenidos falsos cada vez más convincentes.
De acuerdo con IBM, la IA está reduciendo las barreras de entrada para los atacantes y acelerando la explotación de fallas conocidas, lo que incrementa la velocidad con la que se desarrollan los incidentes. Esto implica que los gobiernos deberán incorporar capacidades de detección temprana, monitoreo continuo y respuesta automatizada si pretenden mantener un nivel adecuado de protección.
La ciberseguridad comienza en la gestión
Uno de los errores más frecuentes consiste en considerar que la compra de nuevas herramientas resolverá el problema. La experiencia demuestra que la mayoría de los incidentes exitosos aprovecha fallas organizacionales antes que debilidades tecnológicas.
Políticas de acceso deficientes, falta de autenticación multifactor, escasa capacitación del personal, infraestructura desactualizada y ausencia de planes de respuesta continúan siendo algunos de los factores más explotados por los atacantes.
La ciberseguridad moderna requiere liderazgo institucional.
Eso implica que ministros, directores generales, CIO, responsables jurídicos y autoridades políticas participen activamente en la definición de estrategias de gestión del riesgo, asignación presupuestaria y continuidad operacional.
En otras palabras, la conversación dejó de pertenecer exclusivamente al departamento de informática.
Cooperación público-privada: un requisito, no una opción
Otro aspecto que gana protagonismo es la colaboración entre gobiernos, organismos multilaterales y empresas tecnológicas. La velocidad con la que evolucionan las amenazas hace prácticamente imposible que una institución pública pueda enfrentarlas de manera aislada.
El intercambio de inteligencia sobre amenazas, la adopción de estándares internacionales, la capacitación permanente y el desarrollo conjunto de capacidades aparecen como factores críticos para fortalecer la resiliencia digital.
Este modelo colaborativo adquiere especial relevancia en América Latina y el Caribe, donde numerosos países avanzan simultáneamente en procesos de digitalización de servicios públicos, identidad digital, interoperabilidad y automatización administrativa.
Un desafío estratégico para la próxima década
La transformación digital seguirá avanzando. Más servicios migrarán hacia plataformas digitales, crecerá el uso de inteligencia artificial dentro del sector público y aumentará la interconexión entre instituciones.
Ese escenario ofrece enormes oportunidades para construir Estados más ágiles, eficientes y cercanos al ciudadano. Pero también exige asumir que la ciberseguridad constituye uno de los pilares sobre los que descansará ese nuevo modelo de gobierno.
No se trata únicamente de evitar ataques. Se trata de garantizar la continuidad de los servicios públicos, proteger la información de millones de ciudadanos, preservar la confianza en las instituciones y asegurar que la innovación tecnológica pueda desarrollarse de manera segura y sostenible.
Precisamente estos desafíos ocuparán un lugar central durante GovTech Forums, el encuentro especializado que reunirá a líderes gubernamentales, organismos multilaterales y empresas tecnológicas para debatir el futuro de la transformación digital del sector público.
El evento se realizará el 3 de noviembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica y el 12 de noviembre en el Santo Domingo Marriott, en República Dominicana. Su agenda abordará temas como gobierno digital, inteligencia artificial, ciberseguridad, protección de datos, interoperabilidad, innovación pública y transparencia, con el objetivo de impulsar gobiernos más eficientes, resilientes y centrados en el ciudadano.
Para más información e inscripciones, visite: https://www.govtechforums.com/.