Australia prohibió las redes sociales a los menores de 16: ¿cómo le está yendo?
- Redacción IT NOW
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La implementación de una ley pionera, calificada como un experimento global sobre seguridad digital, desata debates sobre eficacia, implementación tecnológica y futuros modelos regulatorios.
Australia ha activado uno de los experimentos regulatorios más ambiciosos y polémicos en materia de seguridad digital: una prohibición legal para que menores de 16 años posean cuentas en redes sociales como Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, X (antes Twitter) y YouTube, entre otras. Al cumplirse un mes desde la entrada en vigor de la norma el pasado 10 de diciembre de 2025, más de 4,7 millones de cuentas vinculadas a usuarios menores de edad han sido desactivadas por las plataformas para cumplir con la ley.
La cifra, proporcionada por el comisionado de eSafety del gobierno australiano, supera con creces las estimaciones previas y equivale, según datos poblacionales, a más de dos cuentas por cada individuo entre 10 y 16 años en el país. Plataformas como Meta informaron haber apagado cerca de 550 mil cuentas solo en sus servicios Instagram, Facebook y Threads como parte de este esfuerzo de cumplimiento.
La ley, pionera a nivel mundial, obliga a las empresas tecnológicas a demostrar que han tomado “medidas razonables” para impedir que menores se registren o mantengan perfiles; de lo contrario, enfrentan multas de hasta A$49,5 millones (unos US$33 millones) por incumplimiento. Sin embargo, no responsabiliza legalmente a los padres o a los propios menores por la violación de esta restricción.
Aunque los datos iniciales muestran cumplimiento, el resultado real suscitó reacciones encontradas entre líderes tecnológicos y expertos en seguridad digital. Por un lado, la desactivación masiva de cuentas representa una respuesta fulminante de la industria ante una regulación estricta. Por otro, las herramientas de verificación de edad —desde comprobaciones de identidad hasta inferencias automáticas basadas en comportamiento— están lejos de ser infalibles, y críticos advierten sobre falsas desactivaciones y brechas continuas que permiten eludir el sistema.
A nivel práctico, la medida también ha generado efectos secundarios imprevisibles: algunos adolescentes han migrado temporalmente a plataformas menores o menos reguladas, mientras que sectores fuera de la economía digital —como librerías y juegos físicos— reportaron aumentos de tráfico, sugiriendo un desplazamiento de hábitos de consumo juvenil.
Para gestores de riesgos digitales, CIOs y CSOs, este caso funciona como un laboratorio involuntario de políticas públicas aplicadas a internet. Australia ha colocado sobre la mesa preguntas esenciales para la gobernanza tecnológica global: ¿puede la regulación estatal reducir los daños percibidos sin infringir derechos individuales o fragmentar la experiencia digital? ¿Qué medios técnicos y éticos deben emplearse para autenticar identidades sin vulnerar la privacidad? Y, finalmente, ¿qué impactos tendrá esta política en salud mental, educación y desarrollo social de menores?