Cómo el creciente malestar hacia la IA está reconfigurando el debate político en EE.UU.
La desconfianza social hacia la inteligencia artificial se está convirtiendo en un tema a capitalizar de cara a las elecciones presidenciales de 2028. Los aspirantes demócratas a la Casa Blanca están incorporando críticas a las grandes tecnológicas, los centros de datos, la automatización laboral y la falta de regulación en sus discursos.
No se trata solamente de una discusión sobre tecnología: es una oportunidad para capitalizar el recelo social frente a una industria que concentra inversiones, poder económico y expectativas sobre el futuro. Mientras los demócratas buscan apropiarse de esa preocupación, los republicanos enfrentan una tensión entre las inquietudes de sus votantes y el respaldo de Donald Trump al desarrollo acelerado de la IA.
La inteligencia artificial dejó de ser un asunto reservado a ingenieros, empresarios tecnológicos y especialistas en innovación. En Estados Unidos está comenzando a ocupar un lugar cada vez más visible en la discusión política, y los movimientos de quienes aspiran a competir por la Casa Blanca en 2028 sugieren que puede convertirse en uno de los temas centrales de la próxima campaña presidencial.
El cambio es significativo. Durante los últimos años, buena parte del discurso político estadounidense sobre inteligencia artificial estuvo dominado por la competencia tecnológica con China, la necesidad de atraer inversiones, la promesa de productividad y la posibilidad de consolidar el liderazgo económico y militar del país.
La industria tecnológica consiguió presentar el desarrollo de la IA como una prioridad estratégica nacional, con argumentos que atravesaban las diferencias partidarias.
Pero esa narrativa comienza a encontrar resistencia. El temor a la destrucción de empleos, la concentración de poder en un puñado de compañías, el consumo energético de los centros de datos, el aumento potencial de las tarifas eléctricas, la vigilancia y la falta de controles están alimentando una corriente de desconfianza que los políticos ya no pueden ignorar.
Una investigación de Upswing, realizada para la organización sin fines de lucro Reset Tech y difundida por Axios, muestra hasta qué punto los aspirantes demócratas están modificando su comunicación pública para incorporar esta preocupación.
Entre los 21 dirigentes identificados como posibles candidatos presidenciales para 2028, las menciones a la tecnología en X casi se cuadruplicaron desde comienzos de año. En los comunicados de prensa de los funcionarios analizados, las referencias al tema prácticamente se triplicaron.
El estudio examinó cerca de 30.000 publicaciones en X correspondientes a 38 cuentas asociadas con esos 21 potenciales candidatos y 3.868 comunicados de prensa de 16 funcionarios, publicados entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2026.
El dato más revelador no es solamente el crecimiento de las menciones. La tecnología ya se convirtió en el segundo asunto más frecuente en los comunicados analizados, detrás de los empleos y la economía. Los temas que concentran buena parte de las referencias son los centros de datos y las restricciones al uso de teléfonos celulares en las escuelas.
Entre los dirigentes que intensificaron sus intervenciones aparecen Gavin Newsom, Alexandria Ocasio-Cortez, Kamala Harris, Pete Buttigieg y Jon Ossoff, figuras con perfiles políticos diferentes, pero que comienzan a encontrar un punto de convergencia en la necesidad de discutir los costos sociales de la revolución tecnológica.
La IA está ingresando así en una zona particularmente sensible para la política estadounidense: la relación entre innovación, empleo, desigualdad y poder corporativo.
El malestar social empieza a ofrecer una oportunidad política
La estrategia demócrata no surge de una intuición aislada de sus dirigentes. Hay datos que muestran que la percepción pública de la inteligencia artificial está cambiando y que las preocupaciones ya atraviesan las divisiones partidarias tradicionales.
Una encuesta nacional del Annenberg Public Policy Center de la Universidad de Pensilvania, publicada en mayo de 2026, encontró que solamente el 17% de los estadounidenses esperaba que la IA tuviera un impacto positivo para el país durante la próxima década. En contraste, el 42% anticipaba consecuencias negativas. Además, el 65% consideraba que el Gobierno había hecho demasiado poco para regularla. Esa última opinión era compartida por el 77% de los demócratas, el 72% de los independientes y el 53% de los republicanos.
La investigación de Pew Research Center publicada en septiembre aportó otro dato relevante: por primera vez, los demócratas expresaban más preocupación que los republicanos por la expansión de la inteligencia artificial y sus posibles efectos sobre el empleo.
El 56% de los demócratas e independientes que se identifican con ese partido afirmaba sentirse más preocupado que entusiasmado ante el creciente uso de IA en la vida cotidiana. Entre los republicanos y sus simpatizantes, la proporción era del 49%.
La evolución resulta significativa. En 2023, el 46% de los demócratas expresaba más preocupación que entusiasmo, frente al 59% de los republicanos. En apenas tres años, la relación se invirtió.
El cambio ofrece una explicación para el reposicionamiento de los dirigentes demócratas. La inteligencia artificial empieza a reunir varias preocupaciones que tienen un fuerte potencial político: inseguridad laboral, desigualdad económica, pérdida de privacidad, concentración empresarial y falta de supervisión gubernamental.
Pero hay un elemento adicional. La discusión sobre IA permite conectar esos temores con una crítica más amplia al poder de las grandes corporaciones tecnológicas, sus vínculos con el Gobierno y su influencia sobre las decisiones económicas del país.
En otras palabras, los demócratas están encontrando en la IA un asunto que permite hablar simultáneamente de empleo, salarios, derechos de los consumidores, protección de los trabajadores y regulación de las empresas. Es una manera de trasladar una discusión aparentemente técnica al terreno de la vida cotidiana.
Rishi Bharwani, director para Estados Unidos de Reset Tech, explicó a Axios que los demócratas están obteniendo una ventaja significativa en este terreno, después de que inicialmente la inteligencia artificial fuera considerada un asunto abierto a la competencia entre los dos partidos. Según su interpretación, la regulación de la tecnología pasó de ocupar un lugar secundario a convertirse en una cuestión prioritaria durante los últimos seis meses.
La oportunidad política, sin embargo, no debe confundirse con una adhesión automática de los votantes a cualquier propuesta regulatoria. Una cosa es desconfiar de la industria tecnológica y otra muy distinta es respaldar una prohibición, una moratoria o una desaceleración general del desarrollo de la IA.
Esa diferencia será determinante para entender hasta dónde puede llegar la nueva estrategia.
Los centros de datos: cuando la inteligencia artificial llega al recibo de electricidad
Si existe un aspecto de la revolución de la IA que está consiguiendo transformar una preocupación abstracta en un problema político concreto, es la expansión de los centros de datos.
Durante años, estas instalaciones fueron presentadas como inversiones estratégicas capaces de generar empleo, atraer capital y posicionar a las comunidades como protagonistas de la nueva economía digital. Estados y municipios compitieron por atraer proyectos mediante incentivos fiscales, disponibilidad de terrenos y condiciones favorables para las compañías tecnológicas.
La ecuación comenzó a complicarse cuando los ciudadanos empezaron a preguntarse quién pagaría el costo energético, qué ocurriría con los recursos hídricos y qué beneficios concretos recibirían las comunidades que alojan estas infraestructuras.
Los resultados de una encuesta nacional de Annenberg publicada en agosto muestran la magnitud del cambio: el 61% de los estadounidenses se oponía a la construcción de nuevos centros de datos en su zona, frente al 49% registrado en febrero y marzo. La oposición alcanzaba al 69% de los demócratas, al 54% de los republicanos y al 53% de los independientes.
Otra investigación de la Universidad de Massachusetts Amherst, publicada en septiembre, encontró un rechazo todavía mayor. El 65% de los encuestados se oponía a construir centros de datos de IA en sus comunidades, mientras que apenas el 11% apoyaba esos proyectos.
Incluso entre los republicanos, el rechazo alcanzaba al 52%, frente a un 18% que respaldaba las instalaciones en sus localidades. Entre los votantes de Donald Trump, el 52% también se oponía a su construcción.
Pew Research Center identificó, además, un deterioro de la percepción sobre los efectos económicos y ambientales de estas instalaciones. Entre enero y agosto de 2026, la proporción de estadounidenses que consideraba que los centros de datos tenían un impacto principalmente negativo sobre el medioambiente aumentó del 39% al 54%. Quienes opinaban que perjudicaban los costos de electricidad de los hogares pasaron del 38% al 50%. Y quienes consideraban que afectaban negativamente la calidad de vida de las comunidades cercanas crecieron del 30% al 49%.
La importancia política de estos números es considerable. Los centros de datos convierten el debate sobre IA en una discusión territorial: el proyecto puede estar financiado por una compañía multimillonaria, pero sus consecuencias se experimentan en una localidad concreta, en el consumo de electricidad, en el uso del agua y en la infraestructura pública.
Además, la resistencia no responde exclusivamente a una posición ideológica contra la tecnología. Una persona puede utilizar ChatGPT, valorar sus aplicaciones médicas o reconocer su potencial para mejorar la productividad y, al mismo tiempo, rechazar que se construya una instalación de gran escala junto a su vivienda.
Esta distinción explica por qué la oposición a los centros de datos puede reunir a votantes que habitualmente no coinciden en otros asuntos políticos.
También explica por qué los dirigentes de ambos partidos comenzaron a revisar sus posiciones. Los proyectos que antes eran presentados como inversiones incuestionablemente beneficiosas ahora necesitan justificar sus costos y demostrar qué parte de los beneficios económicos quedará en las comunidades.
Para los demócratas, el asunto ofrece una oportunidad para cuestionar el modelo de expansión de las grandes tecnológicas. Para los republicanos, representa un problema porque el discurso favorable a la inversión y la desregulación puede entrar en conflicto con las preocupaciones de sus propias bases electorales.
De la retórica a las iniciativas legislativas
El cambio de discurso demócrata no se limita a las publicaciones en redes sociales o a las declaraciones de campaña. También empieza a expresarse en iniciativas legislativas y decisiones administrativas.
Alexandria Ocasio-Cortez, una de las voces más críticas del desarrollo acelerado de la IA, impulsó en junio el proyecto H.R. 9442, denominado Artificial Intelligence Data Center Moratorium Act. La iniciativa propone establecer una moratoria sobre la construcción de nuevos centros de datos hasta que el Congreso apruebe una legislación que proteja a la población frente a los riesgos de la inteligencia artificial.
El proyecto fue presentado junto con otros legisladores demócratas y remitido a los comités correspondientes de la Cámara de Representantes. No debe confundirse con una ley aprobada: se trata de una propuesta legislativa que busca instalar el debate sobre la necesidad de condicionar la expansión de infraestructura a la existencia de salvaguardas regulatorias.
En el terreno estatal también hubo movimientos. Nueva York se convirtió en el primer estado en aprobar una moratoria sobre determinados proyectos de centros de datos, mientras otras jurisdicciones comenzaron a discutir restricciones, suspensiones de permisos o mayores exigencias ambientales.
El gobernador de California, Gavin Newsom, también adoptó medidas para reforzar la supervisión de los sistemas de inteligencia artificial. En septiembre firmó una orden ejecutiva destinada a acelerar la implementación de una ley estatal que contempla mecanismos de supervisión independiente y la posibilidad de que los desarrolladores puedan detener sistemas que presenten riesgos graves.
La agenda demócrata incluye otras iniciativas relacionadas con la transparencia de los modelos, la supervisión de los sistemas de IA y la incorporación de mecanismos de emergencia o kill switches, que permitan interrumpir su funcionamiento cuando se detecten comportamientos peligrosos.
Pero una de las propuestas más interesantes desde el punto de vista político y económico apareció el 29 de octubre.
El presidente del Congressional Progressive Caucus, Greg Casar, y la legisladora Maxine Waters encabezaron la presentación de una resolución para rechazar eventuales rescates financieros federales a compañías de inteligencia artificial si estalla una burbuja de inversiones en el sector.
La iniciativa plantea que el Gobierno no debería utilizar recursos públicos para rescatar empresas de IA insolventes ni proteger a sus ejecutivos de las consecuencias de decisiones financieras irresponsables. También reclama medidas de protección para trabajadores, jubilados y comunidades de bajos ingresos que podrían sufrir las consecuencias de una eventual crisis económica.
Los legisladores argumentan que las compañías vinculadas con la inteligencia artificial acumulan billones de dólares en deuda, parte de ella obtenida en mercados de crédito privado con escasa transparencia y supervisión. También comparan las valuaciones bursátiles actuales con las alcanzadas durante el auge de las empresas tecnológicas de finales de los años noventa.
La referencia a la crisis financiera de 2008 no es casual. El mensaje político apunta a evitar que, si las apuestas financieras sobre la IA terminan en un colapso, los contribuyentes vuelvan a asumir los costos mientras los beneficios quedan concentrados en accionistas y ejecutivos.
La resolución no constituye una prohibición de los rescates ni una norma vigente. Es una declaración política que busca establecer anticipadamente una posición sobre quién debería asumir las pérdidas si las expectativas económicas depositadas en la inteligencia artificial no se cumplen.
Este planteamiento introduce una dimensión diferente en el debate. Ya no se trata únicamente de regular los riesgos tecnológicos o ambientales, sino de cuestionar la estructura financiera que sostiene el auge de la IA.
La discusión conecta con una inquietud que puede resultar políticamente potente: si las empresas tecnológicas obtienen beneficios extraordinarios cuando sus inversiones tienen éxito, ¿por qué la sociedad debería asumir sus pérdidas si fracasan?
Los republicanos, atrapados entre Trump y las preocupaciones de sus votantes
La reacción demócrata abre un frente incómodo para los republicanos. Donald Trump convirtió el desarrollo de la inteligencia artificial en una prioridad estratégica de su administración y mantiene una relación estrecha con los principales ejecutivos de la industria tecnológica. Su postura es que Estados Unidos debe acelerar la innovación, reducir los obstáculos regulatorios y conservar la ventaja frente a China.
Trump ha desestimado las advertencias más severas sobre los peligros de la inteligencia artificial y ha respaldado públicamente a las compañías que impulsan su desarrollo. En septiembre, por ejemplo, reunió en la Casa Blanca a ejecutivos de las principales tecnológicas para respaldar un compromiso de autorregulación de la industria.
El problema es que esa posición no representa necesariamente las preocupaciones de todos los votantes republicanos.
Los datos de las encuestas muestran que el rechazo a los centros de datos atraviesa las divisiones partidarias. Y aunque los republicanos mantienen una percepción algo más favorable de la IA que los demócratas, eso no significa que estén dispuestos a aceptar cualquier consecuencia de su expansión.
La encuesta de UMass Amherst encontró que incluso entre los simpatizantes más cercanos al movimiento MAGA, el 42% se oponía a construir centros de datos en sus comunidades, frente al 25% que los respaldaba.
Esta tensión está llevando a algunos dirigentes republicanos a tomar distancia de la posición federal, al menos en materia de regulación local.
Uno de los casos más visibles es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se ha pronunciado a favor de establecer controles estatales sobre la inteligencia artificial. Su postura refleja una preocupación que también aparece entre otros sectores conservadores: el temor a que las grandes tecnológicas acumulen demasiado poder y que la expansión de sus infraestructuras termine imponiendo costos a las comunidades.
El fenómeno no es completamente nuevo. Una parte del conservadurismo estadounidense mantiene desde hace años una relación ambivalente con Silicon Valley. Por un lado, respalda la innovación, el emprendimiento y la reducción de regulaciones. Por otro, cuestiona el poder de las grandes plataformas, la influencia cultural de sus ejecutivos y la concentración económica.
La IA reúne esas contradicciones en un mismo asunto. El discurso de Trump sobre la competencia con China puede resultar atractivo para los sectores que consideran que el liderazgo tecnológico es una cuestión de seguridad nacional. Pero la promesa de nuevas inversiones pierde parte de su atractivo cuando los ciudadanos perciben que los proyectos pueden aumentar sus facturas de electricidad, consumir recursos locales o amenazar sus empleos.
Los republicanos deben encontrar una manera de responder a esas preocupaciones sin abandonar la estrategia de aceleración tecnológica que impulsa la Casa Blanca.
El problema demócrata: criticar la IA sin renunciar a la innovación
Que los demócratas estén incorporando las preocupaciones sobre la inteligencia artificial a su discurso no significa que hayan desarrollado una posición común sobre qué hacer con la tecnología.
De hecho, el debate interno del partido muestra diferencias importantes. En agosto, Axios consultó a casi 20 potenciales aspirantes demócratas a la presidencia sobre la propuesta de Bernie Sanders de suspender el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que los seres humanos no puedan controlar.
Ninguno respaldó explícitamente la propuesta de detener el desarrollo de la tecnología y solamente uno respondió directamente a la consulta. Sin embargo, tampoco hubo una reacción significativa contra la posición de Sanders.
La consulta también abordó la posibilidad de establecer una moratoria sobre nuevos centros de datos y el riesgo de que una regulación demasiado estricta perjudicara la competencia tecnológica de Estados Unidos.
El resultado dejó al descubierto una dificultad: los dirigentes demócratas quieren capitalizar el malestar social, pero no necesariamente están dispuestos a asumir las consecuencias de una postura abiertamente contraria al desarrollo de la IA.
Gavin Newsom, por ejemplo, puede promover controles más estrictos sobre las compañías y exigir mecanismos de seguridad, pero California también es uno de los principales polos tecnológicos del planeta. Una política que limite excesivamente la inversión podría tener consecuencias económicas y afectar intereses empresariales y laborales del propio estado.
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Kamala Harris también enfrenta una tensión entre su trayectoria favorable a establecer salvaguardas para la inteligencia artificial y la necesidad de mantener a Estados Unidos como líder tecnológico. Durante su vicepresidencia, participó activamente en los esfuerzos de la administración Biden para identificar y mitigar riesgos asociados con la IA.
Pete Buttigieg, por su parte, ha incorporado la cuestión tecnológica a sus intervenciones sobre empleo, productividad y transformación económica. Alexandria Ocasio-Cortez representa una posición más favorable a establecer restricciones profundas sobre la expansión de la infraestructura de IA.
El desafío consiste en construir una narrativa que no se limite a decir que la tecnología es peligrosa. Los votantes también necesitan saber qué modelo de desarrollo propone cada candidato, cómo se protegerán los puestos de trabajo, qué obligaciones tendrán las empresas y de qué manera se distribuirán los beneficios de la automatización.
Una crítica genérica a Silicon Valley puede servir para obtener atención política, pero no necesariamente constituye una política pública.
La contradicción es evidente: Estados Unidos necesita mantener su capacidad de innovación y competir con China, pero una parte creciente de su población cuestiona el costo social, económico y ambiental del modelo de desarrollo que está impulsando esa carrera.
¿Los estadounidenses están contra la IA o contra quienes la controlan?
Una de las cuestiones más importantes para interpretar este fenómeno es distinguir entre el rechazo a la inteligencia artificial como tecnología y la desconfianza hacia las compañías que la desarrollan.
Los resultados de las encuestas no muestran una sociedad completamente opuesta a la IA. Muestran una sociedad preocupada por sus consecuencias y cada vez más escéptica respecto de la manera en que se está implementando.
La encuesta de ABC News, The Washington Post e Ipsos publicada el 21 de octubre encontró que el 57% de los estadounidenses considera que la inteligencia artificial es negativa para la sociedad, frente al 42% que la considera positiva.
Sin embargo, cuando la pregunta se refiere al impacto personal de la tecnología, el panorama cambia: el 50% considera que la IA es positiva para sí mismo, mientras que el 49% opina lo contrario.
La diferencia es reveladora. Una persona puede utilizar herramientas de inteligencia artificial en su trabajo, ahorrar tiempo o mejorar su productividad y, simultáneamente, considerar que la expansión de la tecnología tendrá consecuencias perjudiciales para el conjunto de la sociedad.
La misma encuesta encontró diferencias partidarias: el 63% de los demócratas y el 58% de los independientes consideraban que la IA era negativa para la sociedad. Entre los republicanos, el 51% la evaluaba positivamente y el 47% negativamente.
También hay diferencias generacionales. El 65% de los estadounidenses menores de 30 años consideraba que la IA era negativa para la sociedad, frente al 53% de quienes tenían 40 años o más.
Para los dirigentes políticos, estas cifras plantean una oportunidad, pero también una advertencia: la percepción pública no es homogénea y puede cambiar según se pregunte por la tecnología en general, sus aplicaciones concretas, sus efectos sobre el empleo o su impacto en la vida personal.
Tampoco existe una posición uniforme sobre quién debería gestionar sus riesgos. Una encuesta de YouGov realizada en septiembre a casi 1.500 votantes estadounidenses encontró que los ciudadanos tendían a confiar más en los demócratas que en los republicanos para gestionar la inteligencia artificial. Entre los votantes probables, el 47% prefería a los demócratas, frente al 33% que confiaba más en los republicanos. El resto confiaba en ambos partidos por igual o no expresaba una preferencia.
Sin embargo, la confianza no estaba distribuida de manera uniforme. Entre los republicanos MAGA, el 87% confiaba más en su propio partido para gestionar la IA.
El dato ayuda a entender por qué Axios identifica una oportunidad para los demócratas, aunque no permite concluir que la IA vaya a convertirse necesariamente en un factor determinante de la elección presidencial de 2028.
De hecho, las mediciones anteriores muestran que la ventaja política sobre este asunto no está consolidada. Una encuesta de New York Times/Siena publicada en septiembre había encontrado que los republicanos tenían una pequeña ventaja sobre los demócratas en materia de confianza para gestionar la inteligencia artificial: 42% frente a 40%, una diferencia dentro del margen de error.
Axios
La opinión pública todavía está procesando un fenómeno que cambia rápidamente y las posiciones de los propios partidos siguen evolucionando.
La verdadera disputa: quién se apropia del futuro tecnológico
La incorporación de la inteligencia artificial a la discusión política estadounidense representa algo más profundo que la aparición de un nuevo tema de campaña. Es una disputa sobre quién tiene derecho a definir las condiciones de una transformación económica que puede alterar el mercado laboral, las relaciones de poder y la distribución de la riqueza.
Durante buena parte de la última década, las grandes tecnológicas consiguieron instalar la idea de que acelerar la innovación era una necesidad económica y geopolítica. La competencia con China funcionó como argumento para justificar inversiones, incentivos y una menor intervención regulatoria.
Ahora, el debate empieza a incorporar otra pregunta: ¿quién se beneficia de esa aceleración y quién asume sus costos?
Para los demócratas, la respuesta puede conectarse con una tradición política que prioriza la protección de los trabajadores, la intervención estatal y el control del poder corporativo. Para los republicanos, el desafío consiste en conciliar la defensa de la innovación y la competitividad empresarial con las preocupaciones de sus propias bases sobre el empleo, la energía y la influencia de Silicon Valley.
Pero hay un riesgo para ambos partidos: convertir una discusión compleja en una disputa entre estar a favor o en contra de la inteligencia artificial.
La tecnología no es una política pública en sí misma. Las decisiones sobre su desarrollo, regulación, infraestructura, uso de datos y distribución de sus beneficios son las que determinan sus efectos sobre la sociedad.
Una moratoria general sobre los centros de datos no equivale a una política de protección laboral. Una regulación de los modelos no resuelve automáticamente los problemas de concentración económica. Y una estrategia de aceleración tecnológica tampoco garantiza que las ganancias de productividad se traduzcan en mejores salarios o más oportunidades.
Los candidatos que pretendan convertir la IA en una cuestión central de sus programas tendrán que responder preguntas mucho más concretas que las que dominan actualmente las redes sociales: qué empleos deben protegerse, quién financia la reconversión laboral, qué obligaciones tendrán las compañías, cómo se evitará que los costos energéticos recaigan sobre los hogares y qué mecanismos impedirán que los beneficios de la automatización queden concentrados en un pequeño grupo de empresas.
La investigación de Axios muestra que los potenciales candidatos demócratas ya comenzaron a ajustar sus mensajes. Las encuestas de Annenberg, Pew, UMass y otras organizaciones explican por qué: existe una preocupación pública creciente que atraviesa buena parte del electorado y que ofrece un terreno de discusión política.
Sin embargo, todavía falta determinar si esa preocupación se traducirá en una prioridad electoral o si quedará subordinada a cuestiones más tradicionales como la inflación, el empleo, la inmigración y el costo de vida.
La paradoja es que la industria tecnológica pasó años intentando convencer a la sociedad de que la inteligencia artificial era inevitable y que resistirse a ella significaba quedarse atrás. Ahora, los políticos empiezan a descubrir que cuestionar quién controla esa transformación, quién obtiene sus beneficios y quién paga sus consecuencias puede convertirse en una cuestión electoral.
La carrera presidencial de 2028 todavía está lejos. Pero una parte de la campaña ya comenzó: no se disputa solamente quién dominará la inteligencia artificial, sino quién conseguirá convencer a los estadounidenses de que tiene un plan para que la inteligencia artificial no termine dominándolos a ellos.
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