El Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE.UU. usa IA para para acelerar la desregulación federal
- Malka Mekler
- 29 jul
- 2 Min. de lectura
El sistema de DOGE identifica normativas y sugiere recortes regulatorios mediante aprendizaje automático. Pero funcionarios admiten que la herramienta comete errores y genera tensiones legales dentro del gobierno.
Una nueva inteligencia artificial desarrollada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) busca transformar radicalmente la burocracia estadounidense al automatizar la revisión y posible eliminación del 50% de las regulaciones federales. Según reportó The Washington Post, esta herramienta tecnológica, denominada “DOGE AI Deregulation Decision Tool”, ya ha sido utilizada en varias agencias y pretende acelerar un proceso que, bajo métodos tradicionales, requeriría millones de horas de trabajo humano.
La IA ha sido entrenada para analizar cerca de 200.000 normativas y detectar cuáles no son exigidas por ley, abriendo la puerta a su supresión. Documentos internos estiman que al menos 100,000 reglas podrían ser descartadas con apoyo del sistema automatizado y validación humana. En pruebas preliminares, logró evaluar más de mil secciones regulatorias del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) en menos de dos semanas, y fue responsable del 100% de las desregulaciones propuestas en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB).
La herramienta fue creada por un equipo de ingenieros integrados al gobierno bajo la iniciativa DOGE, inicialmente impulsada por Elon Musk. Uno de sus exintegrantes, James Burnham, afirmó en un mensaje citado por el diario que se trató de “una estrategia lógica” para acelerar la agenda regulatoria con soluciones tecnológicas y legales.
El sistema promete optimizar el proceso de desregulación, permitiendo a cada agencia federal identificar normas eliminables en menos de cuatro semanas. En lugar de revisar manualmente cientos de miles de comentarios públicos sobre los cambios propuestos, la IA es capaz de analizarlos de forma automatizada, ahorrando un estimado del 93% en tiempo y recursos.
Sin embargo, su uso ha generado controversia interna. Empleados federales expresaron preocupación por errores de interpretación del lenguaje legal por parte del modelo. En HUD, por ejemplo, se detectaron casos en los que la IA marcó como inválidas ciertas normativas que sí estaban respaldadas por ley. Aunque la herramienta requiere revisión y aprobación humana, el margen de error técnica enciende alarmas sobre la confiabilidad del sistema.
Además, persisten dudas sobre la legalidad de algunas aplicaciones del algoritmo, dado que la derogación de normas está sujeta a procedimientos estrictos bajo el Administrative Procedure Act. Cuatro abogados de DOGE habrían validado el uso de la herramienta, según los documentos, pero no hay claridad sobre si los tribunales aceptarán desregulaciones guiadas por IA como válidas en caso de impugnación.
A pesar de las inquietudes, el gobierno continúa impulsando la implementación de la herramienta en todas las agencias con miras a completar la fase de eliminación antes del 20 de enero de 2026, fecha simbólica para la actual administración. La promesa de reducir trillones de dólares en costos de cumplimiento y atraer inversión externa es el motor detrás de este despliegue tecnológico sin precedentes en el aparato regulatorio federal.
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