El Departamento de Justicia de EE. UU. evalúa medidas radicales para limitar el dominio de la empresa en las búsquedas, incluso obligarla a desprenderse de partes de su negocio, como Chrome y Android.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha señalado que podría estar contemplando una posible división de Google como medida para frenar su monopolio en el mercado de las búsquedas, tras un fallo judicial en su contra. Durante años ha dominado el sector sin competencia real. El caso antimonopolio, que se remonta a 2020, acusa a Google de mantener su posición hegemónica a través de contratos exclusivos y barreras de entrada, violando la Ley Sherman, que prohíbe los monopolios.
El DOJ ha propuesto una serie de medidas que podrían cambiar el futuro de Google y de toda la industria tecnológica. Entre las recomendaciones más destacadas están las restricciones contractuales, prohibiciones de productos exclusivos y la apertura de datos e interoperabilidad para competidores. En otras palabras, Google podría verse obligado a compartir con otras empresas los datos que hoy mantienen su dominio en las búsquedas y en productos vinculados como Chrome, Android y la Play Store.
Uno de los puntos más relevantes del planteamiento del DOJ es la posible limitación de los acuerdos de posición predeterminada que Google tiene con fabricantes de dispositivos como Apple y Samsung, los cuales le cuestan a la empresa miles de millones de dólares en pagos anuales. Estos contratos garantizan que Google sea el motor de búsqueda predeterminado en dispositivos populares, lo que refuerza su posición en el mercado.
El fallo inicial contra Google, emitido en agosto de este año, determinó que la empresa ha mantenido un monopolio en las búsquedas, lo que genera un efecto de retroalimentación que perpetúa su dominio. Como parte de las posibles soluciones, el DOJ sugiere la implementación de una "pantalla de elección", que permitiría a los usuarios seleccionar su motor de búsqueda preferido al configurar un dispositivo, promoviendo así una competencia más justa.
Además, el DOJ plantea la necesidad de aplicar restricciones más severas a los datos que Google puede recopilar y utilizar, sobre todo aquellos relacionados con sus funciones de búsqueda asistidas por inteligencia artificial y con su sistema de clasificación de anuncios. Este tipo de medidas buscan garantizar que Google no utilice su acceso privilegiado a datos para mantener su liderazgo a costa de sus rivales.
Google, por su parte, no ha permanecido en silencio. Kent Walker, presidente de asuntos globales de la compañía, ha asegurado que Google planea apelar el fallo. Según Walker, el tribunal reconoció la calidad de los productos de búsqueda de la empresa, lo que refuerza su posición de que no han actuado de manera ilegal. Además, Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de asuntos regulatorios de Google, calificó las propuestas del DOJ como “radicales”, argumentando que una ruptura de sus productos, como Chrome o Android, afectaría a los consumidores y a la competitividad estadounidense, según publicó CNBC.
Aunque algunos expertos legales creen que una ruptura total de Google es poco probable, no descartan que el tribunal pueda imponer medidas más específicas, como la eliminación de acuerdos exclusivos y la promoción de motores de búsqueda alternativos. De concretarse, esto no solo afectaría a Google, sino también a las dinámicas de mercado en una industria tecnológica altamente interconectada.
Google actualmente controla el 90% del mercado de búsquedas en Internet, y sus ingresos por este segmento ascendieron a 48.500 millones de dólares en el segundo trimestre de este año, lo que representa más de la mitad de las ganancias totales de Alphabet, su empresa matriz. La dependencia de estos ingresos pone en relieve lo crucial que es para Google mantener su posición dominante, pero también evidencia el impacto que un cambio en las regulaciones podría tener sobre su futuro.
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